Desde los tiempos de la Reconquista los pueblos romanizados del norte de la Península participaron en la defensa de sus territorios y de sus costumbres, ante la avasalladora invasión de los árabes. También Vasconia soportó la presencia de Roma en sus zonas más urbanas y luchó, ante la llegada de los árabes a parte de sus territorios, de la misma forma  que sus vecinos, sin que por ello se perdiera el arraigo de los buenos usos y costumbres heredados de sus ancestros.

Entre estas herencias estaba la institución del  mayorazgo, que permitía mantener indiviso el patrimonio familiar dejándoselo a un solo heredero, el primogénito. Los restantes hermanos podían permanecer en la casa sin otro derecho que el de manutención y cobijo a cambio de prestar los servicios que demandara el heredero.

Se comprende que bajo ese régimen familiar, los hermanos menores se buscaran la vida en otros lares. Esto explica las numerosas vocaciones religiosas que, desde tiempos remotos, se dieron en Vascongadas. Y de ahí nace, también, que muchos vascos nutrieran puestos de cierto rango en la marina, el ejército y  en la administración del Reino, cuyo acceso se facilitaba por aquello de la hidalguía reconocida a gran número de familias de oriundez vascongada.

Estas cosas no se recogen en las  asignaturas de historia que cursan en la actualidad los escolares vascos. Flaco servicio el que se les presta, total para nada.

Estos honrosos destinos aceptados por los segundones, facilitaban el entendimiento entre las gentes vascongadas con las del resto de España y, a lo largo de los tiempos, contribuyeron a la presencia en el país de un selecto grupo de expertos, que sabían administrar sus instituciones y compaginar esta autonomía con los servicios, que daban en unos casos y recibían en otros, a la Corona.

Era gente lista, hay que reconocerlo así, como no lo son ahora bastantes de sus sucesores; no parecen herederos de aquellos avispados vascos que, siglos atrás,  prosperaron mediante sutilezas finísimas, buscando en las entretelas legales, aquello que más les convenía sin faltar a la lealtad prometida a la Corona; conjugaban a las mil maravillas esa lealtad, con sus propósitos de sacarle el máximo provecho.

A diferencia de aquella tenaz defensa de los fueros, los vascos que hoy se sienten iluminados por el patriotismo nacionalista, no son leales al sistema. Han aceptado unas normas, dicen que las acatan, pero en cuanto pueden se valen del poder que les otorga ese sistema que denigran, para promover su derribo desde dentro.

Viene esto a cuento de la proposición no de ley presentada en el Parlamento Vasco por el PP para expulsar al partido ANV, declarado ilegal por sus connotaciones etarras, de los Ayuntamientos donde gobierna en el País Vasco.

Los argumentos que para oponerse a esta proposición esgrime el PSOE, son inconsistentes  y demuestran sus temores a ser tildado de “frentista” por todos los nacionalismos vascos. Digan lo que digan, desde el PSOE, pese a la alianza concertada con el PP para gobernar en el País Vasco, siempre mantuvieron un inexplicable temor a ese sentir patrio nacionalista. Ahora se sacuden cualquier responsabilidad pasando la patata caliente a los jueces.

Los nacionalistas “buenos” argumentan de otra forma: no podemos dejar sin representación electoral a un amplio sector de vascos; no es democrático.

Como puede advertirse, este nacionalismo “bueno” que se considera un paladín de la democracia, no tiene temor alguno a valerse de un sofisma para defender la presencia electoral de un sector que no duda, no ya en estar contra, sino en proclamarse enemigo del sistema democrático, incluso por medio de la violencia.

Se podrá decir que el régimen vigente en España no es democrático, en cuanto no admite la autodeterminación del País Vasco, de Cataluña, etc., pero la propia Constitución tiene abiertos los cauces para su reforma. Y eso, es democrático. Al menos ha de reconocerse que como tal se les propuso a los electores y que como tal fue aceptado por una mayoría cualificada de votantes que hicieron posible esta ley de leyes.

Pero es que además, esta legalidad democrática se acepta incluso por los que no la votaron, desde el momento en que como partidos legales están dispuestos a participar en las elecciones que les dan paso a las distintas instituciones del sistema, tal como los Ayuntamientos, las Diputaciones Forales, el  Gobierno Vasco…

¿Quién excluye a los partidos filoetarras de esta participación? ¿Quién les impide tener acceso a las concejalías y demás cargos?

Sencillamente se auto excluyen por no estar dispuestos a cumplir las leyes.

Esto no lo quieren ver los nacionalistas que argumentan: no hay derecho a dejar fuera de juego a un amplio sector del pueblo vasco.

No es una cuestión menor. A estos nacionalistas les falta un mínimo de sinceridad, un poco de vergüenza. Si no quieren ser leales al sistema, tomen entre manos el libreto y vean la forma de cambiarlo. Lo quiso hacer Ibarretxe y no salió bien parado en el intento. Lo desean los catalanes del tripartito y ahí está el Tribunal Constitucional: Veremos lo que decide.

Son dos modelos de abordar el afán de una mayor autonomía, casi independencia. Cómo puede advertirse no estamos ante un imposible democrático.

Puede a uno no gustarle lo que pasa, incluso renegar de una Constitución que para unos se queda corta y para otros está desmembrando España. Lo que no puede decirse es que hay electores que no están representados políticamente, cuando ellos mismos se colocan fuera de la ley.

¿Y esos miedos del PSOE? Ese es otro cantar que además produce vergüenza.

Hacia los debates trampa...

Por Nerea Alzola

Lunes, 15 de febrero de 2010

Debido a la urgencia de libertades en Euskadi, el Partido Popular no ha dudado en apoyar al primer Lehendakari constitucionalista y eliminar la euskodictadura, pero se observan con cautela los pasos de su gobierno.

Siempre ha sido temible la deriva socialista, acuérdense de la foto con Otegi y Etxebarria antes del pacto. Pero créanme que sobre todo, temo por el empeño que muestran algunos socialistas en dotar de carácter político a las ratas asesinas. Temo porque pueden reabrir desde el empaque y peso que otorga el poder, debates-trampa superados con gran esfuerzo de todos.

Por esto, repetiré algunas de las bases sentadas y comunes.

Los asesinos son solo eso, no son gudaris ni luchadores por ideología alguna. ETA es una banda terrorista y no se le concede “credibilidad”, ni “proyecto político”, ni “carácter político”. No existe ninguna guerra, porque lo que vulnera la paz de la sociedad y la libertad de los individuos, son unos asesinos que matan inocentes. No existe un “conflicto político”, solo existe una banda mafiosa que hay que desarticular policial y judicialmente. Los presos no son “presos políticos”, son mentes enfermas adoctrinadas en el odio que han matado y extorsionado. Y por supuesto, las víctimas no son “víctimas políticas”, son sólo personas inocentes y referentes para España.

Permítanme dejarlo escrito, no sea que mas pronto que tarde, lleguemos a este debate-trampa. No sea que presenciemos esta absurda mutación violadora de dignidades. No sea que los verdugos de pronto sean buenos socialistas. No sea que las víctimas se conviertan en frías estatuas metálicas contra las que puedes arremeter, si acaso adviertes su presencia. No sea que Euskalherria sea un nombre en clave para denominar la patria común de Rodríguez, Ternera y Castro. No sea que por mentes socialistas atraviesen pensamientos de pacto de izquierdas, si con izquierdas, se refieren a las ratas que el socialismo saque de sus cloacas infectas.

¡Que no nos toquen el “conflicto”!

El pacto de gobierno suscrito entre el PSOE y el PP en el País Vasco, incluía el cumplimiento de una de las aspiraciones planteadas desde la “Plataforma por la Libertad de Elección Lingüística”: que los escolares pudieran estudiar en castellano. Las normas vigentes en las comunidades autónomas de Cataluña,  Galicia, Baleares y País Vasco, limitan el derecho a la libertad de usar el idioma oficial de España en sus estudios.

A esto le llaman discriminación positiva en favor de los idiomas autóctonos, anteponiendo su defensa a los principios de libertad personal enaltecidos y aprobados en la Declaración de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas y en la Constitución española.

En suma, son los derechos individuales los que se reducen o suprimen, a favor de una cuestión tan aleatoria y sometida a mil contingencias, como es la difusión de uno u otro idioma. Cada cual debe de ser libre de elegir el que más le convenga.

En el País Vasco, no acaba de satisfacerse la demanda de los asociados a la “Plataforma” aludida. Se publican sus quejas y proyectan protestas que nadie sabe si serán de alguna utilidad. No es fácil luchar, cuando durante treinta años se han divulgado y puesto en práctica eficaces discriminaciones, éstas negativas, para los que no se plegaban a las imposiciones nacionalistas.

Mientras en España los dos partidos mayoritarios -con  más de veintiún millones de votos frente a los dos millones que puedan sumar todos los nacionalismos periféricos- no lleguen a un acuerdo en este asunto,  no habrá solución  que incluya la restitución duradera de los derechos individuales, por encima de cualquier otro supuesto derecho colectivo de las comunidades autónomas que quieren diferenciarse por el idioma.

La enseñanza ha sido utilizada con fines políticos, en España, por todos los gobiernos que se han sucedido a lo largo de siglo y medio, desde que se publicó la reforma de Claudio Moyano en 1857. Y seguimos en la misma idea, pese a esa proclamación de progresismo que está en boca de todos los políticos, venga o no a cuento.

Nada más cierto –como en su día testimonió Don José  Ortega y Gasset- que la España oficial va por un lado y la España vital por otro. La España oficial aprueba leyes de apariencia óptima, que luego o fracasan o no se cumplen. “El castellano es la lengua española oficial del Estado. Todos los españoles tienen el deber de conocerla y el derecho de usarla”; (artículo tercero de la Constitución). ¿Y qué pasa? ¿Qué hace el  Estado cuando se incumple esta disposición por haberse dictado otras de inferior rango en algunas Comunidades Autónomas?

Si alguien quiere rotular la oferta comercial de su empresa en castellano, lo discriminan, lo denuncian y sancionan por ejercer el derecho a usarlo; (pasa en Cataluña). Si algún padre intenta  cumplir  el deber de conocer el castellano y  ejercer su derecho a usarlo, y en esa idea pretende que sus hijos estudien en el idioma oficial del Estado, no puede o se lo ponen muy difícil en virtud de normas que se aplican haciendo caso omiso del mandato constitucional; (pasa en Galicia, en Cataluña, en Baleares, en el País Vasco).

Lo fundamental de toda enseñanza es que resulte eficaz y alcance un nivel que en España –según los organismos competentes- está muy lejos de lograrse. ¿Por qué? ¿No se avergüenzan de este retraso del PP y el PSOE como responsables de las irregularidades que se vienen consintiendo por los Gobiernos de España de turno?

Todo Gobierno  debe avalar los derechos que por ley corresponden a sus ciudadanos. Es muy sencillo: si una autoridad de rango inferior  merma a cualquier español los derechos que le confiere la Constitución, debería el Gobierno de España reponerlos de forma inmediata y el costo de esa reposición cargárselo a la autoridad o institución causante del mal a esos ciudadanos.

Si un español quisiera educar a sus hijos en castellano y las autoridades comunitarias lo impidieran, sería el Gobierno de España el llamado a intervenir y, mediante becas o cualquier otro sistema, a reponer a  ese ciudadano en su derecho. El costo de esta operación debe ir a cargo de la institución que privó de su derecho a un español. Una ley acordada entre ambos mayoritarios partidos de España, resolvería el problema  en dos sesiones parlamentarias.

¿Reformas en la enseñanza? Empiecen por la primera y principal: garantizar la libertad de elección. Esto no impide que quien quiera seguir sus estudios en euskera, en catalán, en gallego u otro idioma lo haga con plena libertad. Aunque se limiten a conocer el castellano a vista de pájaro. ¡Allá cada cual!

Por otra parte, los padres afectados tienen que pensar –ahora que la comunicación por internet se utiliza en la enseñanza con éxito- en la posibilidad de organizarse y de pedir que se instituya la impartida a distancia por ese medio en todos los grados. El sistema (la educación a distancia) viene utilizándose con éxito para que los presos de ETA consigan licenciarse en carreras de postín mientras están en la cárcel. ¿Cómo no idear algo parecido para que los alumnos de distintos grados, inmersos en autonomías gobernadas por separatistas, puedan seguir los cursos en castellano  y, además, con la garantía de que no iban a ser adoctrinados con ciertas teorías?

Esa es la cuestión: separar la enseñanza de la política.

En el momento en que se suscitó la conveniencia de conceder estatutos de autonomía a Cataluña, al País Vasco y a Galicia, todas las demás regiones y algunas provincias plantearon que, por razones de justicia,  el fuero tenía que extenderse a toda España. Así se hizo, aunque se dio prioridad a las tres primeras demandantes de sendos Estatutos, porque ya en tiempos de la II República se había dado luz verde a su aspiración autonómica.

Sin emitir juicio sobre el proceso seguido, el resultado está a la vista: por huir de un centralismo dirigido desde Madrid, hemos caído por lo menos en doce centralismos manejados desde las respectivas capitalidades autonómicas. Y de esos doce, por lo menos dos, se consideran con derecho a constituirse en nación independiente.

Entre tanto, una mayoría de Ayuntamientos que por su cercanía con los administrados debieron ser los primeros en asumir competencias autonómicas, con su correspondiente dotación financiera para ejercerlas con eficacia, andan a estas alturas medio arruinados, cargando con obligaciones que desbordan sus facultades y sin medios económicos para darles frente.

Dado que la España oficial  -según apuntó Don José Ortega y Gasset- va siempre por detrás de la España vital, deberemos armarnos de paciencia y esperar que alguien se decida a poner en práctica la que algunos han llamado “segunda descentralización”, que únicamente podrá ser efectiva si las Comunidades Autónomas ceden competencias a las instituciones municipales de su demarcación y los dineros correspondientes para ejercerlas dignamente. Y sobre ese último extremo la experiencia nos indica que las uvas están  verdes y que los que más anhelan competencias autonómicas regionales, son los menos dispuestos a ceder nada a sus propios municipios.

La Constitución española dedica tres artículos a la Administración Local: uno a los municipios y el segundo a las provincias. El tercero alude a las haciendas locales para sostener que “deberán disponer de los medios suficientes para el desempeño de las funciones que la ley  atribuye a las Corporaciones respectivas  y se nutrirán fundamentalmente de tributos propios y de participación en los del Estado y de las Comunidades Autónomas”. Esto, dicho en confianza, es como llamar a Cachano con dos tejas.

Desaparecido a causa de la crisis el principal ingreso de muchos municipios ligado a las prácticas urbanísticas, están que no les llega ni para pagar la nómina de sus funcionarios y de los cargos y asesores políticos,  nombrados estos últimos a dedo, bajo el supuesto de que son gente de confianza, con una liberalidad que asusta al sufrido contribuyente.

Los Ayuntamientos tienen que cargar con incontables ayudas sociales, acrecentadas por la crisis, en un país muy dado a otorgar generosos derechos humanitarios y  practicar  la solidaridad más decidida, siempre y cuando no le obliguen a uno a rascarse el bolsillo. Aquí nadie se muestra xenófobo, hasta que le ponen de vecino un prójimo de baja condición social y además extraño al país.

Volviendo a la descentralización, en el País Vasco, con aspiraciones nacionalistas para constituirse en Estado asociado con España (previa  declaración de independencia), los Ayuntamientos dependen en gran parte de las cantidades que les asigna el Gobierno Vasco para poder cumplir con sus obligaciones.

La fórmula que preconiza la Constitución es la de hacerles partícipes de los impuestos a recaudar por el Estado o la Comunidad Autónoma. ¡De eso nada! Se les da una subvención a sabiendas de que en la cifra final influye el color político de alcalde y concejales que gobiernan cada municipio; es decir según sea o no de los nuestros tales ediles.

No hay duda de que uno de los factores influyentes en la crisis que sufrimos, y sufriremos aún más, es el desbarajuste económico financiero de la organización autonómica que ha ido surgiendo en parte por acicates legales en pro del sistema, y en parte por la dejación de funciones inspectoras del poder central que no sabe, ni entiende, ni quiere asumir las responsabilidades que le corresponden en el Gobierno de España.

El resultado es que unos por no gobernar y otros por no protestar, en España se ha montado  una casa de taifas que es lo más parecido a lo que ustedes suponen y yo me callo.

La descentralización autonómica debió de empezar desde abajo sometiendo a los administradores de nuestros dineros, a una rendición de cuentas clara y rigurosa. ¡Ya se vería si muchas de las subvenciones que ahora se dan tan a la ligera, se concederían si el dinero disponible estuviera debidamente controlado también por las representaciones más cercanas de los contribuyentes!

El caso es que esto tiene muy difícil remedio.

El centro derecha vasco no acaba de entregar sus votos con sinceridad al PP. Son muchos los que se abstienen, bastantes quienes prestan su voto al PNV hasta ver qué pasa y algunos los que no dudan en mostrar sus fervores por doña Rosa Díez, creyendo que nadie como ella tiene un concepto cabal de la unidad de España.

Antonio Basagoiti es consciente de que al PP del País Vasco hay que darle marcha, ponerlo al día, y aprovechar la crisis para convertirlo ―como dice un diario nacional― en el “partido de la eficacia”. Indudablemente es la forma de conectar con un gran sector del pueblo afectado por la incertidumbre económica, pensando que el común de las gentes considera que “eficacia” es un término equivalente a “prosperidad”. Un partido eficaz lo primero que debe de hacer es crear puestos de trabajo. Esto es lo que entiende una mayoría de votantes que, visto lo visto, cada vez desconfía más de los políticos.

 En circunstancias parecidas, los partidos nacionalistas suelen manejar un argumento que puede no ser cierto, pero viene a demostrar que ellos son los amos de la eficacia. ¿En quién confiar para resolver nuestros problemas? ¿En los partidos autóctonos o en los que se someten a las consignas que les llegan de Madrid? ¿Acaso no tenemos ejemplos de cómo, desde los partidos de ámbito estatal, dejan a sus correligionarios locales colgados de la brocha?

Está todavía presente el mal llamado “blindaje” del Concierto Económico. Podría asegurarse que si al común de los votantes se les preguntara en que consiste este “blindaje”, no sabrían responder con acierto. Sin embargo, estos votantes perciben que es algo bueno para los vascos y que si se consiguió fue gracias al PNV, contra la voluntad inicial del Gobierno del PSOE (su debilidad lo ha llevado a ceder) y contra la opinión del PP nacional. Luego el PNV es más útil para los vascos, que el PSOE y el PP juntos. La “eficacia” tanto del PSOE como del PP es discutible en casos como el citado, más frecuentes de lo que pueda parecer.

Esto pasa en todas las Comunidades Autónomas y otro ejemplo no tan reciente pero muy expresivo, lo tuvimos en el caso del trasvase del Ebro: fueron el nacionalismo catalán y la conveniencia del Gobierno del PSOE, para oponerse al plan del PP, los que posibilitaron que se abandonara un proyecto pensado para promover el bienestar general.

Estos planteamientos conducen a que los partidos de ámbito nacional tiendan a debilitarse en las Comunidades con partidos nacionalistas fuertemente arraigados. El ejemplo de Cataluña es claro: el PSC (versión catalana del PSOE) aspira a mantener su pujanza, compitiendo en radicalismo catalanista con los que quieren la independencia de Cataluña.  En Cataluña, el PP no toca pelota porque parece haberse quedado en tierra de nadie.

Todo esto viene a cuento de esa “eficacia” avistada por Basagoiti ante la que me muestro escéptico porque la eficacia en sí es sólo un instrumento. ¿Eficacia para qué? Si es para competir con los nacionalistas al modo en que se entiende por la generalidad de los votantes, apaga y vámonos.

Cuando un partido nacionalista no consigue alcanzar una de sus metas, no admite que se le acuse de ineficaz. Siempre tiene alguien a quien echar la culpa de sus torpezas. Montilla, socialista “nacionalistoide” acusa al PP de ser el causante ―por haber recurrido el “Estatut”― de la posible sentencia limitativa que pudiera dictar el Tribunal Constitucional. Podría decir lo mismo del Defensor del Pueblo que también presentó otro recurso ante el mismo Tribunal. No; a él le interesa por razones electorales, atacar al PP y reafirmar su catalanismo.

De donde se deduce que la eficacia ha de estar al servicio de los principios. Ha hecho muy bien el PP en recurrir ese “Estatut” que va contra el principio unitario que proclama la Constitución, en lo que coincide con el Defensor del Pueblo y con muchos socialistas.

Volvamos al centro derecha vasco que se enfrenta a la indecisión de muchos votantes que no son nacionalistas. La única forma de captar ese voto ―en riesgo de inclinarse hacia el PSOE o hacia el partido de Rosa Díez―, es mostrar su eficacia a la hora de razonar sobre las ventajas que dimanan de la aplicación de sus principios, frente a los inconvenientes que acarrea el nacionalismo.

En lo que atañe al modelo de nación, tenemos enfrentados al nacionalismo excluyente vasco, catalán o gallego, y tal vez algún otro, con la solidaridad nacional española (que incluso podría llegar a ser la solidaridad nacional ibérica) que defiende el PP.

La pregunta es: ¿Por qué no nos paramos a pensar, anotamos en un papel y proclamamos a los cuatro vientos, sin miedo alguno, las diferencias que existen entre ambas concepciones y las ventajas de esa solidaridad peninsular dentro de Europa, frente a esos nacionalismos regionalistas que en principio quedarían fuera de Europa?

El centro derecha vasco está necesitado de una proclamación de principios, tras su correspondiente debate, y de una explicitación clara, renovadora, abierta y asimilable si no queremos diluirnos en una amorfo ideario incapaz de movilizar el voto. Y esto exige actuar con eficacia, claro que sí.

Que nos dejen respirar

Por Nerea Alzola

Un alto porcentaje de sacerdotes de la Diócesis de San Sebastián ha repudiado por escrito al recién designado Obispo, Monseñor Munilla. Y lo ha repudiado antes siquiera de que haya empezado a ejercer su función episcopal.

Repudiar es, según el DRAE, rechazar algo, no aceptarlo.

Estamos ante un fenómeno curioso, a la par que insólito, en el mundo católico. Un fenómeno expresivo de la pérdida de valores que han regido actitudes y conductas entre los que, con más o menos fervor, nos sentimos identificados con la fe católica.

Estos curas ―que según algunos comentaristas se las dan de modernos, progresistas y puestos al  día― no dejan de mostrar su inconsecuencia respecto a la doctrina que predican. Se dice de una persona que es inconsecuente, cuando su conducta no guarda correspondencia lógica con los principios que profesa.

Ellos dirán que no, que por encima de obispos y jerarcas curialescos está Dios, y que si alguien cultiva y sigue la verdadera doctrina de la Iglesia es el grupo de curas vascos que han firmado el repudio; como es sabido, tienen hilo directo con el Supremo Hacedor y son los más fieles intérpretes de lo convenido en el Concilio Vaticano II.

¿Qué sabe Monseñor Munilla de todas estas cuestiones? ¿Y cómo ha de saber si resulta además ser el ojito derecho del Arzobispo Rouco Varela, Presidente de la Conferencia Episcopal, que del Concilio Vaticano II sólo aprovecha el humo de las velas?

Quiero no dar lugar a dudas y cual si fuera un cura de pueblo, de aquellos que lo mismo barrían la iglesia, que socorrían a un vecino pobre o enseñaban el catecismo sin darse importancia, al ver este panorama me pregunto: ¿Y éstos son los llamados a enseñar la doctrina del amor? ¿Si no aman a los suyos, que pueden reservar para sus adversarios?

Desde el plano civil, toda esta clerigalla que trata de revestir sus actos con la dignidad solemne del dolor, sólo nos da muestras de la más expresiva, pura y neta intolerancia.

La tolerancia es una virtud que no llega al tobillo del amor al prójimo predicado por Cristo y sus seguidores. Pues por no llegar, ni a ser tolerantes alcanzan ese centenar y pico de sacerdotes dispuestos a negar el pan y la sal a uno de los suyos.

Dicen los comentaristas, y puede que tengan razón, que la intransigencia de tan amplio sector del clero guipuzcoano, tiene su origen en su afición a la política. Otros van más lejos: en su afición a la política nacionalista vasca en todos sus grados.

Yo no me lo creo. ¿Cómo van a ser nacionalistas vascos los firmantes del repudio? ¿Cómo van a ser partidarios del aborto, como el PNV? ¿Cómo considerar tal aborto un derecho de la mujer frente al derecho a la vida del nasciturus?  ¿O han perdido el oremus?

Uno no sabe si tanto progresismo como les atribuyen a esta camada de curas ―dicho sea con todos los respetos― les da carta blanca para no tener en cuenta la obediencia sacerdotal. Hasta no hace mucho, tal obediencia era la que los sacerdotes debían a los respectivos ordinarios, en primer lugar a su Obispo.

El progreso tiene eso de bueno; da derecho a matar seres vivos en el vientre de la madre, a instituir matrimonios entre personas del mismo sexo o a pasarse por la entrepierna la obediencia debida a un obispo por sus subordinados.

Claro que, mientras la Iglesia no cambie, para los católicos de verdad todas esas novedades no tienen vigencia pese a las leyes humanas. Los católicos de verdad están donde están por propia voluntad y por más que les invitan a cambiar ―para ser progresistas que es lo que se lleva― ellos prefieren seguir su doctrina aunque resulte un camino duro. Y ahí está su grandeza.

Los curas tantas veces aludidos tienen una solución a mano: si no quieren obedecer a su superior jerárquico, pueden colgar la sotana (dicho en sentido figurado porque ya nadie la lleva) y, ya libres, dedicarse a lo que les pide el cuerpo. Pero querer pasar por virtuosos seguidores de Cristo con repudios preventivos dedicados a su jerarquía, no cuela ni entre catecúmenos. A no ser que también sean nacionalistas vascos.